Presuntas irregularidades en el Instituto de Colonización: “Una persona en funciones no puede otorgar tierras a sus amigos o socios”

La causa que actualmente investiga el fiscal federal Carlos Amad comenzó el 11 de abril del año pasado, cuando la señora Ana María Canata, presidente del Instituto de Tierras Fiscales, denunció una serie de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales. La misma mencionaba una triangulación de personas, funcionarios públicos y empresarios.

Es por eso que el fiscal federal subrogante de Sáenz Peña, Carlos Amad, pidió abrir una investigación y que se cite a declaración indagatoria al exgobernador Jorge Capitanich, a la expresidenta del Instituto de Colonización, Marta Soneira, entre otros exfuncionarios.

“Además, se mencionaban los nombres de familiares directos de funcionarios del Estado provincial”, explicó el fiscal.

A lo largo de la investigación, se ha reunido documentación clave, incluidos informes económicos de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la ex AFIP (hoy ARCA). Esta documentación permitió establecer movimientos económicos irregulares y corroborar la existencia de personas jurídicas vinculadas a las irregularidades, así como las relaciones directas entre una funcionaria pública y al menos tres o cuatro de las personas imputadas.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, indicó Amad. “Además, descubrimos que el exgobernador firmaba exenciones impositivas a favor de estas personas jurídicas, algunas de las cuales tenían como socios a allegados de Marta Soneira”.

Soneira, quien en ese momento ocupaba cargos clave como presidenta del Instituto de Colonización y como secretaria de Ambiente, habría ostentado dos funciones incompatibles al mismo tiempo. En este sentido, el fiscal señaló que, según la documentación oficial, un decreto firmado por el gobernador autorizó a Soneira a disponer de bienes del Estado, sin que quedara claro en qué calidad lo hacía.

“Este decreto demuestra un claro desmanejo administrativo y el descontrol en algunas áreas del gobierno provincial”, subrayó Amad. Lo grave, según el fiscal, es que estas tierras fueron otorgadas a personas cercanas a los exfuncionarios.

Además, señaló la existencia de una fundación vinculada a la investigación, en la que se manejaron grandes sumas de dinero sin control adecuado, capitalizadas con aportes del Estado.

Sobre las imputaciones a los exfuncionarios y al exgobernador Jorge Capitanich, Amad detalló que las principales acusaciones incluyen lavado de activos de origen delictivo y la irregular adjudicación de tierras, que según él, fueron obtenidas de manera ilegal. “Una persona en funciones como la señora Soneira no puede otorgar tierras a amigos, socios de su esposo o de sus hermanos. Eso es, sin lugar a dudas, irregular y grave”, afirmó.

Asimismo, el fiscal señaló que las imputaciones también incluyen incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de poder e incompatibilidades con la función pública. “La participación del exgobernador fue estrictamente necesaria; sin su firma, estas maniobras no habrían sido posibles”, indicó.

En cuanto al futuro de la causa, el fiscal aclaró que el próximo paso será que la jueza federal a cargo decida si cita a los imputados a declarar en indagatoria. “Una vez que la jueza y su equipo estudien la documentación, decidirán si citan a los diez imputados para que brinden su declaración”, concluyó Amad.

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