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Tachangou
“Esta semana, si el tiempo nos ayuda, estamos tratando de resolver la situación procesal de las personas que están detenidas”, confirmó como primera noticia.
La jueza aseguró que el “entramado de los hechos que se investiga es muy complejo y puede llevar a cualquier lado”.
Pero que más allá de eso se trata de “definir la seguridad jurídica de quienes ya fueron indagados”.
CAUSAS PARALELAS
Respecto a la situación de que existan investigaciones paralelas entre el fuero federal y provincial, explicó que “hay comunicación permanente”. Consideró que a nivel local se ha hecho una investigación muy seria y se consiguieron muchas pruebas.
Por todo esto, consideró que “no tenía sentido llevar la cuestión jurisdiccional a la Corte”.
Dejó en claro que la investigación de los delitos federales a su cargo no termina ni se deja de lado. Al contrario, “ahora nosotros vamos a poder ocuparnos más de lleno al delito de lavado de activos”.
ELEVACIÓN A JUICIO
“Estimar una fecha de elevación a juicio sería aventurar un resultado que no tengo claro. La causa es demasiado compleja, especialmente en estos delitos de corrupción, donde no hay fondo. Tal vez antes de fin de año, la causa podría elevarse a juicio, si hablamos de las personas que ya indagamos”, resaltó.
ECHEZARRETA
En primer término, consideró que lo que corresponde con el ministro es el juicio político. “Realmente nosotros hemos puesto desafuero, pero lo hemos fundado en el artículo 120 que habla de juicio político”, reconoció.
Aunque finalmente dijo que “el procedimiento que ellos se utilicen debe ser a saber y entender de la Cámara de Diputados”.
DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS
Respecto a la investigación contra el ministro, resaltó que el domingo 20 de mayo recibieron una denuncia de que había ciertas personas en el lugar, que intentaban falsear pruebas o cambiar pruebas.
“Se corroboró que personas del grupo más pequeño del ministro y de otro grupo no tan cercano estaban allí. Además, había varias computadoras prendidas en la página del Ministerio y otras notebook”, detalló.
“Estaba el ministro reunido con determinadas personas, con computadoras prendidas y se encontró en el lugar carpetas de las empresas que estamos investigando. Eso es argumento más que suficiente para corroborar la presunción de que existía el riesgo de destruirse pruebas”, sentenció.
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