Taco Pozo: investigaron la entrega de pensiones de discapacidad truchas

Amad explicó que esta causa comenzó entre febrero y marzo del año pasado a raíz de la denuncia de una persona que decía que en Taco Pozo había 800 pensiones por incapacidad que eran truchas: “A partir de ahí empezamos a cruzar los patrones, a ver información del ANSES y de la Agencia Nacional de Discapacidad. Al principio nos daban los datos a cuentagotas porque no nos respondían lo que preguntábamos, pero cuando nos pasaron la documentación vimos cosas irregulares, como, por ejemplo, que a una persona de 28 años le dieron un certificado con alto porcentaje de discapacidad por una torcedura de tobillo o personas que cobraban estas pensiones, pero jamás se hicieron análisis o chequeos. A través de esto fuimos observando y atando cabos” describió, calificando este accionar como “una vergüenza y un delito gravísimo”.

En ese sentido, agregó: “Descubrimos un universo de 10 personas, entre ellos personal de la salud en general (médicos, químicos, etc.) y algunos que tienen que ver con la política, que son los que firmaban los certificados, que, básicamente, son truchos e ilegales”. El fiscal afirmó que por esa razón solicitó el requerimiento de imputación correspondiente por fraude a la administración pública, malversación y asociación ilícita.

Amad dijo que la investigación también llevó a que en ciertos allanamientos que hicieron encuentren documentación que prueba que estas personas imputadas que firmaban los certificados le pedían dinero a la gente para hacerlo. “Es una actitud miserable”.

“El defalco es de casi mil millones de pesos al año, y lo peor es que a través de esta investigación en Taco Pozo hemos descubierto, hasta el día de hoy, 23.206 pensiones irregulares en otras localidades”.

¿Qué tipo de sanciones tendrán las personas que recibieron las pensiones?

Amad explicó que hay que ser cuidadosos, porque hay personas que viven allí que tienen un estado de vulnerabilidad total y en muchos casos fueron engañados. “Hay gente que no sabe ni leer ni escribir y que simplemente les pidieron sus datos y al otro mes cobraron la pensión, pero no tienen idea de lo que pasó”.

“Por eso lo estamos evaluando, si hay alguna persona que entendemos que tiene el grado de instrucción suficiente como para poder entender que lo que hizo está mal y es particularmente grave, seguramente adoptemos las medidas correspondientes con ellos”.